Los saharauis denuncian la «actitud despreciable» del Gobierno de Sánchez al devolver a Marruecos al activista retenido en Bilbao
Los saharauis expresaron su descontento por la decisión del Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, de devolver a Marruecos a un activista saharaui que había sido retenido en el aeropuerto de Bilbao. Esta medida ha sido calificada como «despreciable» por parte de la comunidad saharaui y de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La polémica decisión del Gobierno de España
– El activista saharaui fue detenido en el aeropuerto de Bilbao cuando intentaba regresar a su lugar de residencia en Argelia tras participar en una conferencia en el País Vasco.
– A pesar de contar con documentación en regla, las autoridades españolas lo entregaron a Marruecos, país que reclamaba su extradición.
– Esta acción ha generado fuertes críticas por parte de los saharauis, quienes consideran que se ha vulnerado el derecho internacional y se ha puesto en peligro la integridad del activista.
Reacciones de repudio y condena
– Diversas organizaciones y personalidades han condenado la decisión del Gobierno español, exigiendo explicaciones y pidiendo medidas para garantizar la seguridad del activista.
– Se ha denunciado que la entrega del activista a Marruecos pone en riesgo su integridad física y su vida, dada la situación de persecución y vulneración de derechos que enfrentan los saharauis en esa región.
Posición del Gobierno de España
– Por su parte, el Gobierno de España ha defendido su actuación argumentando que se ha seguido el procedimiento establecido en la normativa internacional.
– Se ha afirmado que la entrega del activista a Marruecos se realizó conforme a los acuerdos bilaterales vigentes entre ambos países.
Conclusión
La devolución del activista saharaui a Marruecos por parte del Gobierno de España ha desatado fuertes críticas y denuncias de violación de derechos humanos. La comunidad saharaui y diversas organizaciones instan a esclarecer los hechos y a tomar medidas para proteger la integridad del activista. Esta polémica decisión ha generado un amplio rechazo tanto a nivel nacional como internacional.