Policía infiltrado acusado de agresión sexual: Audiencia de Barcelona rechaza investigación

La Audiencia de Barcelona rechaza investigar al policía infiltrado acusado de agresión sexual por ocho activistas

La decisión de la Audiencia de Barcelona

La Audiencia de Barcelona ha rechazado investigar a un policía infiltrado acusado de agresión sexual por ocho activistas durante una manifestación en 2014. La justicia española considera que no hay pruebas suficientes para seguir adelante con la investigación, argumentando que no se aportaron suficientes pruebas que corroboren los hechos denunciados.

La denuncia de ocho activistas

Ocho activistas presentaron una denuncia contra el agente de paisano, acusándolo de agredir sexualmente a varias manifestantes durante una protesta en la que se infiltró. Según la versión de los denunciantes, el policía habría aprovechado su condición para cometer los abusos.

La posición de la defensa y la fiscalía

Tanto la defensa del policía como la Fiscalía han argumentado que las pruebas presentadas no son suficientes para demostrar la veracidad de los hechos. Además, se ha alegado que el testimonio de los denunciantes presentaba contradicciones y diferencias en los detalles de lo sucedido.

Conclusiones de la Audiencia de Barcelona

Tras analizar la documentación y los testimonios presentados, la Audiencia de Barcelona ha decidido no investigar al policía infiltrado, alegando falta de pruebas contundentes. Esta decisión ha generado controversia y ha sido criticada por los colectivos feministas y de derechos humanos.

Resumen:

1. La Audiencia de Barcelona rechaza investigar al policía infiltrado acusado de agresión sexual por ocho activistas.
2. La justicia española alega falta de pruebas para continuar con la investigación.
3. Ocho activistas denunciaron al agente de paisano por presunta agresión durante una manifestación.
4. Tanto la defensa como la Fiscalía argumentaron la insuficiencia de pruebas para respaldar la denuncia.
5. La decisión de la Audiencia ha generado polémica y críticas por parte de colectivos feministas y de derechos humanos.

Esta decisión judicial ha levantado debate sobre la protección de los derechos de las víctimas de agresiones sexuales y la confianza en el sistema judicial en casos de este tipo.

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