El Supremo y el Constitucional rechazan la injerencia del Gobierno en la amnistía a Puigdemont
Resumen:
- El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han mostrado su desacuerdo con la propuesta del Gobierno de amnistiar a Carles Puigdemont.
- Ambas instituciones consideran que esta medida estaría fuera de lugar y chocaría con la legalidad vigente.
- El Tribunal Supremo asegura que una amnistía para el expresidente de la Generalitat iría en contra de las resoluciones judiciales tomadas hasta el momento.
- Por su parte, el Tribunal Constitucional destaca que la amnistía no puede ser utilizada para burlar la justicia y el cumplimiento de las penas impuestas.
- Esta polémica situación evidencia el conflicto de competencias entre el Gobierno y el poder judicial en relación con el caso Puigdemont.
Desacuerdo del Supremo y el Constitucional:
Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han mostrado su rechazo a la propuesta del Gobierno de amnistiar a Carles Puigdemont, argumentando que esta acción sería contraria a la legalidad y a las decisiones judiciales previas.
Opinión del Tribunal Supremo:
El Tribunal Supremo ha manifestado que una amnistía para el exlíder catalán iría en contra de las resoluciones judiciales que se han dictado hasta el momento en relación con los delitos cometidos.
Postura del Tribunal Constitucional:
Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha subrayado que la amnistía no puede servir como mecanismo para eludir la justicia o evitar el cumplimiento de las penas impuestas por los tribunales.
Esta controversia pone de manifiesto el conflicto de competencias entre el Ejecutivo y el poder judicial en lo que respecta al caso Puigdemont y su posible amnistía.
Conclusión:
La resistencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional a la propuesta de amnistía para Carles Puigdemont refleja las diferencias y límites entre los poderes del Estado, evidenciando la complejidad de la situación legal en torno al exlíder catalán.
amnistía, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Carles Puigdemont, conflicto de competencias